El Estado de Guatemala, es una Republica en donde el poder del Estado se divide en tres grandes poderes:
· El Poder Ejecutivo: integrado por la presidencia consejo de ministros y otras entidades como Gobernaciones, Registros de la Propiedad y Alcaldías entre otros; poder que le compete única y exclusivamente la administración de Estado, erogación de gasto público y mantener la gobernabilidad proveyendo los servicios básicos y necesarios para que exista un estado de derecho.
· El Poder Judicial: integrado por la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y demás tribunales, a quienes les compete promover la justicia legal juzgando y ejecutando el cumplimiento de lo juzgado.
· El Poder Legislativo: este poder se encuentra integrado por diputados de cada una de las regiones que integran el Estado de Guatemala, quienes son elegidos democráticamente cada cuatro años para que de una u otra forma represente la voluntad de la mayoría “entiéndase por mayoría la voluntad del pueblo, quien es el que los elige para que representen las voluntades de la mayoría” esto con el solo objeto que legislen acorde a las necesidades e idiosincrasias de los pueblos que ellos conocen a profundidad, pues estos deberían de estar en contacto directo con la población; entre sus funciones que no solo son las de crear leyes, están las de realizar reformas a las ya existentes acorde a la evolución de la sociedad.
Habiendo realizado una breve descripción de cómo se integran los poderes del Estado de Guatemala como Republica, es oportuno aclarar que el poder que nos interesa abordar es el del Poder Legislativo.
El Poder Legislativo, actualmente se encuentra integrado por 158 diputados, quien de alguna forman representan al pueblo de Guatemala y los intereses de la colectividad, de manera tal que ellos más que ningún otro funcionario público, conocen bien al pueblo, y en su conjunto la realidad nacional en cada uno de las materias o ramas que lo integran, como el caso en el cual nos interesa profundizar que es el tema de los tributos.
En el año 2012, el poder ejecutivo por conducto del ministerio de finanzas, presenta un proyecto de ley, en relación a la recaudación tributaria conocidas actualmente como decretos 4-2012 y 10-2012, leyes que si eran necesarias reformar pues las cuales fueron sucedidas por las ya mencionadas adolecían de ciertas lagunas y errores que debían ser enmendados para eliminar arbitrariedades que se pudieran dar según su interpretación y aplicación. Pero el asunto es que estas propuestas en algún momento fueron analizadas por la asesoría técnica del Directorio de la SAT, órgano que atendiendo a las realidades que se presentan cada día en la recaudación, se pueden percatar de los errores legales, malas interpretaciones y aplicaciones; y por el conocimiento de la recaudación por experiencia y contacto directo con los contribuyentes, proponen las mejoras a las leyes tributarias para lograr una eficiente recaudación sin violar los principios constitucionales.
Luego de propuestas las reformas, el poder ejecutivo en consejo de ministros revisan las propuestas y deciden tomar decisiones propias y realizar “mejoras” a lo propuesto por el órgano con más experiencia en la aplicación de estas y su recaudación. Y presentan los proyectos de ley que bajo saber ni que argumento, es casi una replicar de la legislación tributaria Española y es aquí en donde comienzan los problemas de las leyes vigentes, pues de cierta manera buscan como favorecer quizá a ciertos sectores específicos o tal vez es mera coincidencia, la verdad es que no se sabe, pero lo que es cierto que es un gran error no tomar en cuenta las opiniones de quienes dominan el tema y están en contacto directo con la realidad de los contribuyentes que son las personas a quienes van dirigidas la aplicación de tales leyes.
Luego de que el Poder Ejecutivo, ha realizado las “mejoras” a los proyectos de ley, estas pasan al Poder Legislativo, quien debe de analizar a profundidad las propuestas por una comisión integrada por Diputados especializados en el tema, o por lo menos con suficiente dominio del mismo; pero a esta comisión les parece muy buen proyecto y solo ven la necesidad de ciertos arreglos para luego ser presentada la propuesta al pleno del congreso para que sea analizada por la totalidad de diputados, quienes ya no solo conocen de los temas sino de la realidad de cada una de las comunidades o sociedades que representan e igual los sectores productivos de sus regiones, y en uso del poder que tienen de representar los intereses de la población realizan mejoras a los proyectos presentados y al final los aprueban como una de sus facultades, y en beneficio de la población favoreciendo el interés de la colectividad.
Al promulgarse los proyectos como ley y entrar en vigencia para su aplicación en el territorio nacional, se desatan las críticas a las leyes que fueron propuestas y aprobadas por los órganos del Estado quienes tienen el deber garante de atender a la realidad de la población. Reflejando con ello únicamente la falta de capacidad que tienen al cumplir con sus funciones, y como muestra de ello es el sin número de recursos que han sido planteados en contra de lo legislado en materia tributaria, y las inconstitucionalidades que han derogado muchos de los artículos redactados dentro de las mismas leyes sin tomar en cuenta los demás artículos que se encuentra en discusión. Atendiendo a la falta de razonamiento y análisis que debieron prestarle a los proyectos de ley, el Organismo Legislativo culpa a Ejecutivo por los errores en las leyes y viceversa, para lo cual encuentran una gran y magnifica solución, los acuerdos gubernativos siendo el medio menos idóneo para plantear las soluciones al problema legislativo, entonces encuentra otra salida la cual hasta el momento continúan siendo problema, reformas a las reformas tributarias; casi suena como a parchar lo ya parchado que de alguna u otra forma es más fácil para las autoridades lo cual se refleja hasta en las carreteras, considerándose como el medio más practico e inmediato de solucionar la eficiencia que tienen como autoridades.
Como conclusión a todo este análisis o reflexión de cómo se aprueban las leyes tributarias en nuestro sistema de Gobierno, se puede decir que los problemas están en las personas que elegimos para que nos represente, que son personas que no tienen conocimientos de los temas que opacan a nuestra realidad como sociedad, no proponen soluciones ecuánimes a las realidades personales, es mas no saben ni siquiera sobre realidades económicas lo digo no por ser un experto en la materia sino porque analizo y estudio las realidades que se muestran en las noticias y cuando no entiendo algún tema lo investigo para saber sobre que se está hablando y en qué forma puede comprometer mi diario vivir, para luego poder opinar y tomar algunas decisiones oportunas; lo cual muchas veces no son las más ideales.
En fin el problema radica en la falta de conocimientos de los legisladores tanto en la realidad como en materias específicas y la falta de interés de procurarse de asesores en temas de importancia para la realidad y no de puras amistades. Lo cual contradictoriamente es bueno, porque es lo que da origen a la especialización como profesional en la Maestría de Consultoría Tributaria pues se vislumbra a futuro que los problemas en la legislación tributaria continuaran y generaran empleo para los Consultores Tributarios.
Vinicio Garza.