Moral tributaria aplica a ciudadanos y Estado

Creado por: Roberto Sánchez fecha: 02-07-2019 08:38

Fuente: https://www.prensalibre.com/opinion/editorial/moral-tributaria-aplica-a-ciudadanos-y-estado/

EDITORIAL

Tan solo en 2018, la evasión del impuesto al valor agregado se calcula en más de Q16 mil 500 millones, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lo cual corresponde aproximadamente a una pérdida del 37% del total proyectado. 

La cultura tributaria ha sido la piedra de tropiezo de numerosos gobiernos, incluyendo al actual, que en sus primeros meses tuvo el peso político para emprender una reforma fiscal integral, proporcional y transparente, lo cual no ocurrió. El propio presidente actual se quejaba, como todos sus antecesores, de haber hallado vacías las arcas del Estado, pero al fenecer su período el país estará al borde de una nueva crisis de recursos, no solo porque la administración fue incapaz de lograr mejoras en la cobertura tributaria, sino porque continuó en la ruta de endeudamiento externo y adquisición de compromisos clientelares, tales como el oscuro pacto salarial firmado con el dirigente magisterial Joviel Acevedo.

Tan solo en 2018, la evasión del impuesto al valor agregado se calcula en más de Q16 mil 500 millones, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lo cual corresponde aproximadamente a una pérdida del 37% del total proyectado. Tal déficit se debe a contribuyentes que cobran el impuesto pero no lo reportan o que simplemente lo descuentan del costo en una especie de transacciones fantasma que al convertirse en un patrón de comportamiento ilícito infligen un severo daño no solo a las finanzas del Estado, sino a la población misma, que con ello se ve privada de mejores servicios de educación, salud y desarrollo. Si bien las cifras del 2018 son levemente más bajas que las de 2017, el monto sigue siendo astronómico, en una espiral cuyo origen se localiza siete años atrás.

En 2012, el malhadado gobierno de Otto Pérez Molina emprendió una reforma fiscal que golpeó a la clase media asalariada, puesto que eliminó la presentación de la planilla del IVA, mediante la cual se entregaba una acreditación de facturas a cuenta del impuesto sobre la renta. Es claro que aquel régimen apuntaba a tapar el agujero creado por el descenso de la captación fiscal aduanera. Si bien el fisco engulló el total del ISR, se empezó a perder la cultura de exigir factura, puesto que la planilla era un incentivo y una valiosa fuente masiva de datos sobre transacciones de compraventa.

 

Por otro lado, cabe hacer notar que la economía informal es también una de las causas de la prevalencia de la evasión del IVA, pues hay un cúmulo de transacciones y operaciones que no se contabilizan. La resistencia al pago de tributos debería ser materia de educación escolar formal, pero también un fuerte mensaje en las iglesias, ya sea católica o evangélica, dado que se trata de un aspecto de la moral ciudadana que necesita ir en coherencia de un pueblo marcadamente cristiano como Guatemala.

Resulta necesario mencionar, en contraparte, que los tributantes tienen todo el derecho de conocer el uso que se da a sus impuestos y exigir un gasto eficiente. Mal hacen las autoridades que hacen uso indigno e improductivo de los recursos. Constituye una afrenta que se paguen millones del erario a grupos de expatrulleros por un programa de reforestación cuyos resultados no están debidamente documentados y mapeados; es ilícito que se contraten plazas para allegados y familiares en el Ejecutivo y el Congreso; es vergonzoso que se gasten fondos públicos en viandas y artículos suntuarios en la Presidencia o que se repartan tardíos bonos por sequía con objetivos electorales del oficialismo.

La moral tributaria se debe aplicar a todos los habitantes. Todo ciudadano en edad productiva debe cumplir con sus obligaciones fiscales para contribuir a la atención de necesidades de los sectores más necesitados y para el funcionamiento de los estamentos del Estado. Pero también debe haber una justa disposición de los recursos para que no haya despilfarros, adjudicaciones amañadas de obra o pago de plazas inexistentes que son un lastre para el país.